El Pais - El atasco financiero que dura ya casi dos años ha dejado sedientos de dinero a empresas y familias. La sequía ha llegado tan lejos que en los últimos meses muchos beneficiarios de vivienda protegida se han quedado sin el piso adjudicado porque el banco o la caja les ha denegado la financiación, algo insólito no hace tanto tiempo. El Ministerio de Vivienda presentó ayer una iniciativa que trata de paliar esta situación: avalará los préstamos que se concedan a 100.000 familias para comprar pisos protegidos. Esta garantía pública, que cubrirá la mitad del importe del préstamo, estará operativa desde el próximo mes de julio hasta concluir el año que viene.
Aunque será el ministerio el que asuma el riesgo de poner el dinero, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) se erige en gestor de esta línea de garantías. La ministra Beatriz Corredor subrayó que esta iniciativa asegura la concesión de 12.000 millones de euros en préstamos por parte de las entidades. Dado que el Gobierno garantiza la mitad del préstamo, el dinero que se juega el Estado asciende a 6.000 millones. "Se va a facilitar que quien quiera y pueda acceder a una vivienda protegida no se quede sin financiación. Que las entidades que están diciendo no empiecen a decir sí", resumió Corredor.
La línea avalará las hipotecas concedidas dentro de las actuaciones del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, tanto para los pisos de nueva construcción como para los libres ya terminados que no se venden y que se acojan al plan.
El importe garantizado variará en función de cada entidad, aunque nunca podrá superar el 3% del volumen de préstamos morosos que cada banco y caja tenga en su cartera de hipotecas para viviendas protegidas. También variará la duración de la garantía, que dependerá del "grado de compromiso" que las entidades de crédito adquieran con la financiación de los receptores de ayudas públicas, según Corredor.
La medida presentada ayer supone un desahogo no sólo para las familias que hoy se encontraban con un portazo en el banco cuando iban a pedir un préstamo. Los promotores que tienen cada vez más dificultades para colocar su stock de viviendas protegidas también la recibieron con agrado. Así como la patronal de la banca. Un portavoz de la Asociación Española de la Banca (AEB) indicó a Servimedia que la propuesta del Ejecutivo es "en principio, positiva".
Además de esta iniciativa, la ministra Corredor dio ayer alguna pista sobre la marcha de las negociaciones con bancos y cajas para financiar el plan de vivienda 2009-2012, que prevé movilizar 34.000 millones de euros en préstamos convenidos. Tras casi cinco meses en vigor, todavía no existe un convenio que regule el dinero del que se nutrirá la política de vivienda para los próximos cuatro años.
Corredor informó de que su ministerio ya ha firmado la orden de convocatoria para seleccionar a las entidades colaboradoras, que serán entre nueve y 12. El Gobierno creará ahora el distintivo de "entidad colaboradora preferente" para los bancos y cajas más comprometidos en la concesión de préstamos para viviendas públicas. Serán las entidades que concedan préstamos convenidos por encima de 75 millones de euros anuales o que incrementen el volumen anual de la concesión de este tipo de préstamos en 20 millones de euros.