ABC - La banca española tiene en su poder más de 60.000 inmuebles procedentes de los procesos judiciales de ejecución hipotecaria y de reclamación de deudas y se prevé en el sector y en el Poder Judicial que a finales de año la cifra supere los 100.000. Esto quiere decir que los bancos tienen, en este momento, más del 10 por ciento de las viviendas disponibles, cuyo número ronda las 600.000, según el Ministerio de Vivienda. Para el sistema bancario no se trata de una situación deseable, porque su negocio es manejar dinero y no ser propietario de inmuebles por los que nadie ha querido pujar en subasta y cuyo valor se ha depreciado hasta un 30 por ciento en los últimos años. No es un buen negocio para la banca quedarse con estas viviendas y tampoco es un expectativa halagüeña para el mercado inmobiliario que tal cantidad de inmuebles sea puesta a la venta muy por debajo del precio que merecen. Así, a la saturación del mercado con un ingente número de viviendas disponibles se sumaría el desplome de precios que están aplicando los bancos con tal de asegurarse la recuperación del préstamo y dejar de soportar los gastos que conlleva la propiedad y el mantenimiento de un inmueble.
Esta es una de las consecuencias más evidentes de la crisis financiera, que ya se produjo en la década de los noventa, pero ahora con rasgos nuevos que agravan el pesimismo de los pronósticos. Esta vez, el mercado inmobiliario no va a ser a medio plazo uno de los motores de la recuperación económica, porque mientras no se digiera la bolsa de viviendas en venta no habrá una reactivación, siquiera mínima, de la construcción. La falta de crédito a los promotores es el rasgo más evidente de esta situación de bloqueo inmobiliario por el sistema bancario, cuya prioridad es quitarse de encima las viviendas, locales y solares que se les han adjudicado en pago de muchos préstamos concedidos en condiciones que más de un experto no dudaría en calificar de subprime, con tasaciones no siempre hechas con objetividad e independencia y por importes superiores al valor de tasación del inmueble, lo que reducía la solvencia patrimonial de la operación desde su origen.
Este estancamiento de la construcción tendrá su repercusión directa en el mantenimiento de altas tasas de desempleo, al que han ido a parar miles de trabajadores cuya escasa cualificación no les permite recolocarse en otros sectores, también afectados -y de manera creciente, como el industrial- por la crisis económica. Por eso es necesaria y urgente una política de confianza y de recuperación del crédito y del empleo, que anime nuevamente las transacciones inmobiliarias.