Que no se ponga un suelo público a la debacle inmobiliaria

Expansión - Ni los bancos ni el Gobierno tenían el deber de salvar a Martinsa-Fadesa de la suspensión de pagos.
El concurso de acreedores de Martinsa-Fadesa, con una deuda financiera de 5.200 millones de euros, marca un nuevo y peligroso capítulo en la crisis económica que estamos viviendo. La antigua Fadesa es la mayor inmobiliaria de España. Posee 28,7 millones de metros cuadrados de suelo y el año pasado vendió 6.691 viviendas. Pero esas cifras se tornan enormemente frágiles si, como ha sucedido desde finales de 2007, el mercado se paraliza. Ya no importa el tamaño que tengas o lo que hayas conseguido vender hace unos meses. Ahora lo fundamental es conseguir dinero para atender las deudas contraídas en los buenos tiempos, que parecen tan lejanos. Que no lo haya conseguido Martinsa-Fadesa, que afirma que a finales de junio tenía unos activos valorados en 10.800 millones de euros, demuestra que la situación no es grave, sino gravísima. En la reciente crisis de Colonial, lo que estaba en juego era la solvencia de Luis Portillo, su endeudado ex presidente. Ahora lo que se cuestiona es todo el sector inmobiliario español.
Ya han empezado a oírse voces que intentan repartir la culpa de esta debacle a diversos actores: desde el Gobierno, que a última hora denegó un crédito del Instituto de Crédito Oficial por 150 millones de euros, hasta la banca, que aceptó refinanciar deuda de Martinsa-Fadesa por 4.000 millones de euros en mayo, pero dos meses después precipita la suspensión de pagos porque la compañía no consigue esos 150 millones que se le había exigido.

Pero hay que recordar, aunque sea fácil hacerlo a toro pasado, que la razón última del hundimiento de la primera promotora del país es la falta de cálculo de los riesgos. Cuando Fernando Martín multiplica la deuda de la compañía para pagar su compra de Fadesa, acordada en los meses finales del boom inmobiliario,  las profecías sobre el abrupto final de esa extraordinaria etapa estaban a la orden del día. Es cierto que la cantinela sobre el agotamiento de nuestro modelo de crecimiento, o del hecho inaudito de que en España se vendieran cada año más viviendas que en Alemania, Francia y Reino Unido juntas, venía oyéndose desde hace tiempo y la profecía no parecía cumplirse. Pero al final lo hizo, y quienes tomaron decisiones relevantes sin tener en cuenta esos avisos (los compradores y los bancos que les financiaron) son ahora los mayores responsables del desaguisado.

La salvación de inmobiliarias en crisis no debe venir de los bancos. Éstos ya tienen bastantes problemas como para aumentar voluntariamente su inmersión en el cenagal. La refinanciación de las deudas existentes, como se ha hecho en el caso de Habitat, Afirma o la propia Martinsa-Fadesa, no deja de ser polémica, porque siembra la duda de si simplemente no se está aplazando el final con tal de intentar mantener las provisiones bajo control. Pero pedirles encima que añadan 150 millones de euros más a la deuda total, sabiendo perfectamente como saben ahora cuál es la situación del sector, era casi como solicitar un generoso donativo. No están los tiempos para eso. Incluso aunque a corto plazo la debacle de Martinsa-Fadesa empeore aún más el acceso de bancas y cajas a la financiación exterior.


Y si el mercado no da fondos, ¿por qué tendría que concederlos el Gobierno a través del ICO? Es una buena noticia que el dinero de todos los españoles no haya servido para intentar apuntalar un negocio privado como Martinsa-Fadesa. La idea alternativa de que una entidad pública compre suelo de las inmobiliarias para destinarlo a vivienda de protección oficial también adolece de su desvinculación con la realidad del mercado, porque crearía una demanda y unos precios artificiales.

Las inmobiliarias no son bancos, que es el único negocio donde podría llegar a justificarse una intervención pública ante  la enorme cantidad de perjudicados por una quiebra. Resulta pueril que los promotores aludan a todo lo que han contribuido al crecimiento económico reciente para pedir ayudas públicas. Si durante el boom han ganado mucho dinero y no han pagado impuestos especiales por ello, ¿por qué habría que compensarles ahora? Aparte, mencionar el modelo de crecimiento que nos ha llevado a la enorme crisis actual no es lo más adecuado para  estimular la solidaridad. Al contrario. Llega la época de purgar esos excesos, y el dinero público no debe servir para poner un suelo artificial a esa caída.

No se aceptan más comentarios