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El Gobierno reconoce que se arriesga al garantizar a las entidades financieras el importe íntegro de los préstamos hipotecarios si, al final, los parados no pueden pagar.
«Puede haber coste para el Estado, pero si no nos subimos al árbol, no comemos nueces». Con este ejemplo tan gráfico, el vicepresidente económico del Gobierno, Pedro Solbes, reflejó el pasado sábado, tras el Consejo de Ministros, su disposición a asumir riesgos ante la medida de apoyo a los desempleados para que puedan pagar su hipoteca.
En virtud de esta decisión, los desempleados que tengan derecho a la prestación y que estén en paro antes del 1 de enero de 2010, podrán retrasar durante dos años el pago del 50% de la hipoteca a su entidad financiera, siempre que ese plazo mensual no supere los 500 euros y que la cuantía total del préstamo no rebase los 170.000 euros.
Según el vicepresidente, la aplicación de la medida será acuerdo «basado en dos patas». Por un lado, el Instituto de Crédito Oficial desarrollará convenios con los bancos y cajas de ahorros para facilitar el crédito y, por otro, los bancos tendrán que acordar de forma privada con los titulares hipotecarios el aplazamiento para abaratar «al máximo» la moratoria y evitar costes notariales y registrales.
En todo caso, y como adelantó EXPANSIÓN el pasado día 4, el Estado siempre será el garante final para que las entidades financieras puedan cobrar el préstamo si no cumple el desempleado. A partir de los dos años de moratoria, el beneficiario tendrá que devolver la cantidad pendiente en los diez próximo años. Así, en cada pago tendrá un recargo equivalente al prorrateo mensual de la cantidad pendiente a partir de 2011.
Solbes aseguró que la predisposición de los bancos y la cajas de ahorros a la concesión de las moratorias es «total», y reconociendo una vez más la implicación del Gobierno en la medida reafirmó que [las entidades financieras] «nos pasan en cierta medida parte del riesgo a nosotros».
Además de los desempleados también podrán disfrutar de este beneficio los trabajadores autónomos que cierren su negocio o acrediten ingresos anuales inferiores a 18.900 euros y los pensionistas de viudedad con cargas familiares. El Gobierno calcula que medio millón de personas pueden beneficiarse de esta medida.
La segunda de las propuestas de apoyo a las familias y los trabajadores frente a la crisis, aprobadas el sábado por el Consejo de Ministros, adelanta una parte de la devolución que por compra de vivienda tienen en la declaración de la renta quienes perciben menos de 33.000 euros anuales. Este beneficio incluye a los autónomos con estos ingresos.
A partir del 1 de enero de 2009 los asalariados en esta situación podrán pedir a sus empresas que les rebajen dos puntos de retención en la nómina por el IRPF. Los autónomos podrán reducir la misma cuantía en los pagos fraccionados a Hacienda.