El Pais - La red de seguridad se extiende para los ciudadanos que se queden en paro por la crisis económica y corran el riesgo de perder su piso. A las medidas de recompra de los inmuebles libres y protegidos anunciadas hace dos semanas por el consejero de Vivienda, Javier Madrazo, se suma ahora otra más: los propietarios que sean desahuciados por el impago de la hipoteca dispondrán de un piso de alquiler protegido durante un año, ampliable a otro en el caso de que su situación no cambie.
El Departamento de Vivienda pretende cerrar así el círculo e insuflar tranquilidad en unos momentos de mucha preocupación ciudadana, ya que esta medida se hará efectiva en el caso de que bancos y cajas opten por ejecutar la hipoteca con todas sus consecuencias, dejando en la calle a su dueño. Madrazo realizó este anuncio ayer, en lo que supone su tercera intervención en otras tantas semanas para presentar iniciativas de su área. El consejero y candidato de EB apura así la gestión de su departamento antes de que se ponga en marcha de manera oficial la campaña.
La alternativa que el Gobierno ofrece a los parados sobrevenidos a consecuencia de la crisis y que se vean amenazados por el embargo del piso es recomprarles el inmueble. ¿Cómo? Siempre que no haya costado más de 275.000 euros y a condición de que la entidad financiera que concedió el crédito acepte renunciar por escrito al 20% de la cantidad pendiente de amortización, así como a los intereses y a las comisiones de cancelación.
El parado seguirá en la vivienda, pero en régimen de alquiler y tendrá la posibilidad de recuperarla si vuelve a disponer de ingresos estables. El piso pasará a ser de protección oficial (VPO), con lo que ello supone. Es decir, que nunca se podrá vender en el futuro sin la supervisión del Ejecutivo y a un precio más alto que el precio establecido (con relación al baremo que rige para la VPO).
La principal pega estriba en que ni bancos ni cajas han sido informados previamente de las intenciones del consejero. Madrazo aseguró ayer que, en el fondo, la medida también ayuda a las entidades a aliviar su carga, ya que cobrarán la parte más importante del préstamo que queda por pagar y no se arriesgan a quedarse con una casa de muy difícil venta en el mercado. El consejero recordó que en el resto de España algunas grandes cajas ya estaban adoptando decisiones de este tipo. "Si los bancos no responden ante una situación generada en parte por ellos, será el Gobierno vasco el que tenga que salir a rescatar a la familia y a la persona que se ha quedado en paro a causa de la crisis".
Los interesados podrán recoger la solicitud en la que el banco se compromete a reducir el 20% del saldo pendiente de amortización a partir del próximo lunes en las delegaciones territoriales de vivienda o bajársela de Internet, en la dirección www.etxebide.info. Cuando dispongan de ese impreso deberán presentarlo en su banco o caja para que lo firme y se pondrá en marcha todo el proceso, ya que no requiere de la aprobación de un decreto o una normativa expresa.
Además de las viviendas libres, la medida, que se aplicará durante los años 2009 y 2010, también abarca a las de protección oficial cuando sus propietarios se encuentren en paro. En este supuesto, los dueños podrán acceder a un piso de alquiler social. El departamento también ha previsto la concesión de ayudas para el alquiler libre en los mismos supuestos de inquilinos desempleados. La renta que cobre el casero no podrá superar los 1.050 euros mensuales y deberá renunciar al 30%. Como máximo, el inquilino tendrá que hacer frente a 450 euros. El Gobierno abonará al casero la diferencia que va de esos 450 euros a la renta recortada. Esta medida sí requiere de una orden, que estará ultimada en el plazo de mes y medio. La consejería calcula que alrededor de 1.500 familias podrían solicitar alguna de estas tres ayudas.