El Pais - Cuando la crisis sacude más fuerte, el principal temor es quedarse en paro y no poder hacer frente al pago de la hipoteca. Es el fantasma del desahucio. Para paliar esa situación en momentos de acelerada destrucción de empleo, Vivienda va a poner en marcha una serie de medidas anticrisis dirigidas a que los desempleados recientes cuyos ingresos en el último año no hayan superado los 22.000 euros no pierdan su piso.
El consejero de Vivienda, Javier Madrazo, presentó ayer las líneas de actuación con un mensaje contundente a los bancos y cajas de ahorro para que se impliquen en el plan. "La banca ha sido la principal culpable de la actual situación económica y ahora debe compensar la actitud irresponsable mantenida en la época de vacas gordas", declaró en un tono más propio de su condición de candidato a lehendekari por EB que de titular de una cartera en el tripartito. Gran parte del éxito del plan, que la consejería presenta a poco más de un mes de las elecciones, pasa porque las entidades financieras acepten renegociar las hipotecas y rebajar un 20% la cantidad que se encuentre pendiente de amortización.
La primera medida va dirigida a las personas que se hayan quedado en paro y consiste en la recompra de la vivienda por el departamento para transformarla en un piso tasado y, por tanto, de protección oficial. El dueño del inmueble se convertirá en inquilino del Gobierno, que se hará cargo de pagar el resto de la hipoteca al banco. Lo mismo se hará con los dueños de un piso de protección oficial, sólo que en este caso el Ejecutivo les alquilará otra diferente, aunque siempre protegida.
La tercera línea de actuación se dirige a los inquilinos de pisos del mercado libre que se queden en paro y que no paguen más de 1.050 euros cada mes. En este caso, el departamento negociará con el arrendatario una rebaja del 30% en dicha renta. Una vez consumada esta rebaja, el inquilino deberá hacer frente al pago de 450 euros como máximo y el resto, hasta completar la renta actualizada (con ese 30% de rebaja aplicada), correrá a cargo del Gobierno.
Estas tres actuaciones resultan novedosas en España, dado que ni el Gobierno central ni ninguna comunidad autónoma se habían adentrado tanto en este terreno hasta el momento. La previsión es que cerca de 1.500 familias se puedan beneficiar inicialmente de estas medidas. Euskadi ha cerrado el año con 46.400 parados (una tasa del 4,6%, según los datos del Eustat) y la cifra seguirá creciendo en 2009. En el caso de las dos primeras líneas de ayuda, se podrán solicitar a partir del próximo mes de febrero, una vez que el departamento elabore el protocolo de actuación con las entidades financieras.
La responsable de la Unión de Consumidores de Euskadi (UCE), Ana Collía, aplaude las medidas si sirven para minimizar el impacto de la crisis en las familias que no pueden hacer frente a sus hipotecas. Pero, advirtió que para eso deben obedecer a "criterios objetivos, no meramente electoralistas". Para la UCE también resulta trascendente conocer el grado de aceptación por las entidades financieras. "Sin su colaboración no saldrán adelante".
Vivienda ya ha establecido contactos para informar y "concienciar" a los bancos de que deben implicarse. El director de Suelo, Iñigo Maguregui, indicó que las entidades financieras "se han mostrado receptivas". Pero al final, cada parado tendrá que negociar por sí mismo la rebaja de la hipoteca pendiente de amortizar. Madrazo recordó a los bancos que si al final optan por el desahucio y la ejecución hipotecaria se pueden encontrar con un piso más para vender en un mercado saturado.