El Pais - El temor a que algunas promociones de vivienda libre se queden sin compradores una vez construidas ronda por la cabeza de los constructores, uno de los sectores más castigados por la crisis económica. Para evitar esa posible fotografía, el Departamento de Vivienda ha anunciado su intención de arrendar a las promotoras los pisos nuevos que no puedan vender. La finalidad es sacarlos al mercado de alquiler social, cuyos precios están protegidos.
Para ello, la consejería va a flexibilizar algunos de los requisitos que actualmente figuran en el programa Bizigune, destinado a movilizar los pisos vacíos e introducir una nueva modalidad. Desde su puesta en marcha en mayo de 2003, Bizigune ha movilizado más de 4.000 casas, garantizando a sus dueños unos ingresos (el alquiler no puede superar los 750 euros) y la perfecta conservación del inmueble. En el caso de los inquilinos, no destinan más del 30% de sus ingresos al pago. En la actualidad, están pagando una media de 280 euros. El Gobierno vasco asume la diferencia entre lo que percibe el dueño y lo que aporta el inquilino.
Con la nueva medida, que entrará en vigor a partir de 2009, se prevé movilizar 5.000 pisos. El consejero de Vivienda, Javier Madrazo, explicó ayer los detalles de la iniciativa. Las constructoras que lo deseen podrán poner en alquiler, a un precio máximo de 450 euros mensuales, los pisos que no consiguen sacar a la venta. A cambio, el departamento les adelantará las mensualidades de los cinco años del contrato de alquiler de los inquilinos, el equivalente a 27.000 euros. "Se aportará liquidez a un sector que tiene dificultad para acceder al crédito", apuntó Madrazo. La posibilidad de capitalización del cobro de los cinco años de renta supondrá, según el consejero, un alivio para que las empresas mitiguen el coste financiero de los inmuebles inmovilizados.